Laura García Tuñón

Criminalizar para contener el conflicto social

En estas últimas semanas se presentaron dos proyectos de ley, tanto a nivel Nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, que intentan disciplinar la conflictividad social evocando el malestar de los vecinos ante los cortes de calle que se suma a la inseguridad, e se instaló el tema en la agenda mediática y política. A continuación compartimos el trabajo realizado por el Equipo de Niñez de la Dirección General de Coordinación Comunitaria de la Legislatura Porteña, respecto a la problemática.

En la Ciudad de Buenos Aires en los primeros días de abril, Helio Rebot, legislador macrista presentó un proyecto de ley para modificar el código contravencional proponiendo una sanción accesoria por la que la Justicia puede ordenar al Ejecutivo porteño que suspenda “prestaciones de tipo económica derivadas de planes o programas sociales del cual el contraventor/a sea beneficiario/a” cuando se atente contra la convivencia general. “El juez/a establece el plazo por el cual se produce la suspensión del beneficio.”

El legislador explicó en los medios de comunicación que la ley apuesta a restringir los cortes de calles y, “en especial, la ocupación de terrenos”. Se está optando claramente por abordar la conflictividad social, criminalizando la protesta y asociando pobreza con delito. Se plantea esta herramienta legal de control social, mientras el conflicto de la toma de tierras en Lugano aún no fue resuelto y las respuestas por el Indoamericano nunca llegaron, aunque lamentemos víctimas fatales.

Se propone sancionar a quien tome tierras mientras el Estado incumple con la urbanización de las villas, y no implementa políticas activas de vivienda social.

No hay sanción para el Estado por la vulneración de derechos, el incumplimiento de derechos y las múltiples inseguridades a las que somete a quienes habitan barrios no urbanizados.

El autor del proyecto macrista expresó que “hay un planteo común: el que viola la ley no puede tener incentivos ni premios” dice desconociendo la noción de derechos.

Este discurso vuelve a instalar una mirada que asocia el acceso a un derecho social vía un recurso determinado, como una dádiva o premio que el Estado le otorga a un sujeto que debería estar agradecido y conducirse dócilmente con el orden social establecido. Por ende no tendría derecho al reclamo.

Esta propuesta que defiende su autor (Rebot) diciendo que “los vecinos de Buenos Aires contribuyen a sostener los planes sociales; lo que no puede sostenerse válidamente es que el que está haciendo un esfuerzo por ayudar a otro tenga que soportar que no lo dejen tomar un colectivo o lo hagan llegar tarde al trabajo” aparece como respuesta al “malestar ciudadano” del que hablan los medios.

Otra vez una mirada selectiva adjudica a unos la categoría de ciudadanos y otros quedan por fuera. Son ciudadanos los que “pagando sus impuestos financian las políticas destinadas a los pobres que les cortan las calles obstaculizando la libre circulación” y excluidos de la categoría quedan los que han quedado informales en el trabajo, en sus viviendas, en sus papeles, en el acceso a los servicios básicos. Esconden que todas las personas que habitamos la Ciudad o trabajamos en ella aportamos al Estado a través de diferentes tipos de impuestos y que es mentira que lo recaudado se implemente directamente en políticas sociales. En la Ciudad basta con mirar el estado de los hospitales para dar cuenta que no hay tal inversión.

Pero esto no es una respuesta exclusiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para disciplinar y contener la conflictividad social. A nivel nacional el diputado Kirchnerista Carlos Kunkel presentó el proyecto de ley denominado “Convivencia en Manifestaciones Públicas”. El objeto del proyecto de ley “es garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación, e integridad física durante el desarrollo de manifestaciones públicas”.

Este proyecto encierra la paradoja y la trampa discursiva de reconocer el derecho en un párrafo, restringiéndolo y burocratizándolo en otro.

Es alarmante que se pretenda tipificar la legitimidad de las manifestaciones sociales según cumplan o no con los requisitos estipulados: a) No impedir el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas, b) No impedir totalmente la circulación de personas y vehículos c) Permitir la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables, d) Los manifestantes no deben cometer delitos previstos por el Código Penal durante la misma, e)La manifestación debe ser notificada 48hs antes lo que caracterizaría como ilegítima cualquier manifestación espontánea.

Dice el proyecto del diputado Kirchnerista que existe una colisión entre el derecho a la libre circulación y el derecho a las manifestaciones sociales. Expresa que ningún derecho es absoluto. Con este argumento desconoce que no todos los derechos tienen la misma magnitud y que hay derechos consagrados que son inviolables si se pretende fortalecer la democracia.

Caos e inseguridad

La inseguridad sacada de contexto, repetida hasta el hartazgo, mostrada en pastiches de noticias que repiten una y otra vez imágenes violentas adjudicadas siempre a los mismos sectores sociales a los que se construye como peligrosos se mezcla intencionalmente con el malestar ciudadano que provocaría la protesta.

La estrategia es asimilar caos, inseguridad y protesta y, fundamentalmente, mostrar que son los mismos sectores, esos a los que se presentan como amenazantes del orden y de la convivencia. Cuando esta representación se instala, quienes pertenecen a esos sectores aparecen como habitantes devaluados. Entonces se pueden justificar desde desalojos hasta linchamientos, políticas de encierro, militarización de zonas y violencia institucional.

La inseguridad que aparece en los medios es selectiva y busca chivos expiatorios. Intencionalmente deja de lado violencias cotidianas que afectan a sectores que en general no tiene voz.

El chivo expiatorio es aquel a quien hay que endilgarle todos los males cuando ante una conflicto real, y la inseguridad lo es, no hay más que respuestas mentirosas, efectistas y represivas. Represivas en el sentido de repremir/negar y frenar lo que insiste en aparecer.

La inseguridad desaparecería con más policía (cuando todas las investigaciones y los hechos coinciden en que son parte del problema) y el malestar quedaría resuelto si los automovilistas pudieran circular libremente, dicen los medios que adjudican el caos de tránsito a la protesta que se desarrolla en el espacio público. No se informan los motivos de los reclamos y los protagonistas pasan a ser los automovilistas afectados, “rehenes” de los manifestantes. La noticia deja de centrarse en los derechos no garantizados y pasa a enfocarse en las dificultades que genera la manifestación del conflicto.

Así construyen una visión de extrañeza, de distancia social hacia quienes protestan, que imposibilita generar empatía con los que reclaman y profundizar sobre los motivos que los impulsa a movilizarse. Esta fragmentación social es fuente de violencias y una consecuencia grave y concreta de esta representación mediática.

El tratamiento de las noticias y de los funcionarios no es igual para todos, depende de quién se movilice y por qué. Hay protestas que se toleran y acciones violentas que se aceptan y justifican depende de qué sujetos las realicen.

Manifestarse y peticionar dejan de ser un derecho universal de la población. Como pasa con el resto de los derechos, algunas personas los tienen garantizados y otras deben acostumbrarse a vivir sin ellos.

La acción social de la protesta es una forma de democracia directa que sacude a las formas delegativas de representación política, ante un sistema que no puede dar repuestas a sus reclamos. Los proyectos que se han presentado tanto en la legislatura de la Ciudad como a nivel nacional y en cada caso por diputados de los partidos de los que gobiernan cada jurisdicción dan cuenta de que “Las protestas sociales son una muestra de los límites, las inercias e incapacidades del sistema político para dar respuestas a necesidades, reclamos y conflictos dentro de las instituciones democráticas” y no son otra cosa que estrategias represivas. “Reglamentar la protesta puede significar restringir una vía excepcional; la única y última carta. En muchos casos sería regular, restringir, el volumen del grito de los que ya tienen una débil voz”. [1]

 

Colectivo de trabajadores/as de niñez de CTA Capital y Equipo de trabajo de la Dirección General de Coordinación Comunitaria de la Legislatura Porteña: Natalia Cillis, Clarisa Gambera, Gilda Manco.

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[1]Lucas Arrimada. Razones para no regular la protesta. Le monde diplomatique AñoXV, N178. Abril 2014

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